LA UBA ES EL LUGAR MÁS CONTROLADO DEL ESTADO NACIONAL Y QUIERE SEGUIR SIÉNDOLO.

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Por eso solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023.

Además, ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía. Esta solicitud se realiza independientemente del cumplimiento con el cien por ciento de las rendiciones de cuentas que nos exige la ley.

La SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales y no aporta transparencia ya que sus auditorías no son públicas y su titular es elegido a dedo por el Poder Ejecutivo de turno.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) depende directamente del Presidente de la Nación. En efecto, la ley le otorga sólo funciones de control interno del Poder Ejecutivo: el artículo 98 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a "las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo".

Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que la SIGEN no tiene competencias para controlarlas. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley y la Constitución.

La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y resguarda a las universidades de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno. Bajo ningún punto de vista la autonomía implica que no se controlen los gastos. Esto es una potestad y un derecho de la sociedad. Pero tengámoslo bien en claro:

SIN AUTONOMÍA NO HAY EDUCACIÓN LIBRE